Tepic, Nayarit (RRC): En un operativo coordinado para combatir la impunidad, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) cumplimentó 25 órdenes de aprehensión durante los días 16 y 17 de febrero, en varios municipios de la entidad y en el estado de Sinaloa. De estas, 14, 13 corresponden a delitos relacionados con violencia de género y una por violación a un menor, elevando el acumulado a 836 mandamientos judiciales ejecutados desde el 25 de noviembre pasado, en el marco de la Cruzada Estatal contra la Violencia hacia la Mujer.
Las detenciones por violencia de género incluyen casos investigados por diversos ilícitos en agravio de mujeres. Según el reporte oficial, se distribuyen de la siguiente manera: seis por violencia familiar, cuatro por abuso sexual, tres por abandono de familiares y uno por violación equiparada agravada. Estas acciones reflejan un esfuerzo sostenido por parte de la Fiscalía para atender denuncias en este ámbito, priorizando la protección de las víctimas.
Además de las aprehensiones por violencia de género, se ejecutaron 11 órdenes adicionales por otros delitos. Entre ellos destacan cuatro por delitos contra la salud, tres por robo calificado, uno por robo calificado y amenazas, uno por lesiones, uno por disparo de arma de fuego y uno por encubrimiento por receptación. Las operaciones se llevaron a cabo en colaboración con autoridades locales y de Sinaloa, demostrando una estrategia interinstitucional para fortalecer la procuración de justicia.
La FGEN reiteró su compromiso con la legalidad y el acceso efectivo a la justicia, enfatizando que estas acciones forman parte de un plan permanente para garantizar la ejecución de mandamientos judiciales emitidos por las autoridades competentes. «Mantenemos una actuación firme y constante para proteger a las víctimas y combatir la impunidad», señaló la institución en un comunicado oficial.
Este tipo de operativos ha generado reacciones positivas entre organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, quienes han destacado el avance en el cumplimiento de órdenes pendientes. Sin embargo, activistas insisten en la necesidad de medidas preventivas adicionales para reducir la incidencia de estos delitos en la entidad.
